JEP pide cuentas a Medicina Legal por dos cuerpos que se le perdieron

Las irregularidades evidenciadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el manejo de cuerpos de personas desaparecidas en Medellín, llevó a esa entidad a ordenar varias medidas, entre las que llama la atención una en particular, hecha a Medicina Legal: enviar toda la información que tengan sobre dos cuerpos sin identificar que estuvieron en su poder y que ahora no aparecen.

La orden es resultado de la audiencia pública celebrada en la capital de Antioquia el 17 y 18 de julio pasado, en la cual las instituciones locales rindieron informe sobre el trabajo que han adelantado frente a la recuperación e identificación de cuerpos que serían de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, en especial, de la guerra urbana de la Comuna 13.

De acuerdo con el auto de la JEP, “resulta especialmente grave el mencionado extravío temporal de cinco cuerpos y, al parecer el definitivo de dos cuerpos que, según lo indicado por la Fiscalía, fueron entregados a Medicina Legal”. Según esta última, los cuerpos habrían sido enterrados en los cementerios Central y Universal, de Medellín, pero no saben dónde.

Para la JEP, hubo una “manifiesta violación a la cadena de custodia” y vulneración de los derechos de las víctimas en el manejo de cinco cuerpos hallados el 31 de julio del 2003, es decir, al año siguiente de la operación Orión, como se le conoce al operativo militar de control de la comuna 13 en el que ocurrieron violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares que operaban allí. 

Según dijo la fiscal especializada Nancy del Socorro Posada, en la audiencia pública, efectivamente hubo cadáveres, a los cuales les tomaron las muestras de tejidos en Medicina Legal. Lo que resulta más grave, a los ojos de la JEP, es que esas muestras “no existen, se perdieron”, según reza en el informe presentado por Medicina Legal a la Fiscalía.

Por estos hechos, la JEP señala que “se ha producido una segunda desaparición, esto es, una doble victimización”, por lo que compulsó copias a la Fiscalía y la Procuraduría para que investiguen lo sucedido. Ambas entidades deberán rendir informe de los avances de sus investigaciones.

Medicina Legal tiene 10 días para enviar a la JEP toda la información de la que disponga sobre el manejo con esos cuerpos, cuyo destino, actualmente, se desconoce.

Por otro lado, la JEP también pidió vincular a esa diligencia a las empresas El Cóndor S.A. y Bioparques S.A.S., pues son las concesionarias de los terrenos aledaños a la Comuna 13 donde, según testimonios de paramilitares en Justicia y Paz y las mismas organizaciones de víctimas, habría cientos de cuerpos de personas desaparecidas en los años más cruentos de la confrontación urbana ocurrida en esa comuna.

Las empresas deben remitir a la JEP toda la información que tengan sobre posibles restos o cuerpos esqueletizados de personas que han sido dadas por desaparecidas. Además, les ordena adjuntar planos cartográficos y toda la información que tengan sobre los tres polígonos en los que se presume que reposan restos humanos.

Estas decisiones se toman debido a que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), en representación de varias organizaciones de víctimas, le pidió a la JEP adoptar medidas cautelares sobre 16 lugares del país donde podrían estar enterrados los cuerpos de personas desaparecidas. Tras su estudio de la solicitud, la JEP adelantó la mencionada audiencia pública para establecer si en la Comuna 13 o sus alrededores había lugares de inhumación ilegal no reportados, u otros lugares en relación con esos mismos hechos y contextos.

Según la Fiscalía, el número de personas desaparecidas en la Comuna 13, atribuibles solo al bloque paramilitar Cacique Nutibara, asciende a 101. Aunque las cuentas de las organizaciones de víctimas pueden llegar a triplicar ese número.

En la audiencia se mencionó que en la zona de La Escombrera y La Arenera funcionó una base paramilitar de las AUC, por lo que la JEP pidió a la Fiscalía toda la información relacionada.

En septiembre del 2015, el postulado a justicia y paz alias Móvil 8, cuyo nombre es Juan Carlos Villa Saldarriaga, informó a las autoridades de varios puntos donde él y sus compañeros enterraron a las personas que asesinaron, en lo que terminó convirtiendo la zona en la fosa común urbana más grande del país.

Aunque la Alcaldía de Medellín ha hecho inspecciones, en particular en una zona identificada como Polígono 1, hasta ahora no se han encontrado restos. Y es que, según la empresa El Cóndor, allí han sido vertidos más de 10.000 metros cúbicos de escombros. Las víctimas piden que se continúe esa búsqueda y se avance también en los polígonos 2 y 3, que coinciden con los lugares señalados por el ‘expara’ Villa Saldarriaga.

Además de La Escombrera y La Arenera, en el occidente de Medellín, un lugar que preocupa a las autoridades, incluida la JEP, por el manejo que se ha dado a los cuerpos no identificados, es el cementerio Universal, en el norte de la ciudad, y a donde llegan muchos de estos restos, conocidos como ‘N.N.’

Después de escuchar la información de las autoridades, entre las que estuvieron la Alcaldía y Personería de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la Fiscalía, la JEP concluyó que “no se cuenta con la información suficiente sobre la situación actual del cementerio Universal”.

Como señala el auto, y de acuerdo con informes rendidos por la Fiscalía y la Alcaldía, “se concluye que no existe certeza sobre el número de cuerpos no identificados que se encuentran en el mencionado cementerio y cuya victimización puede haberse debido a hechos ocurridos en la Comuna 13 de Medellín”.

Según la Fiscalía, en ese cementerio hay ocho “zonas de interés” donde podría haber cuerpos de personas no identificadas que podrían corresponder con los de personas desaparecidas, bien en los hechos ocurridos en esa comuna del suroccidente de la ciudad, o en otros hechos asociados con el conflicto urbano.

Para la Alcaldía de Medellín, al cementerio Universal ingresaron 906 cuerpos de personas no identificadas entre 2002 y 2012. Sin embargo, lo que demuestra las irregularidades en el manejo de estos es que “no se sabe el lugar preciso donde reposan ni el estado en que se encuentran”, según la misma administración local.

Otro informe, hecho por el Ministerio del Interior en el 2015, logró consolidar que allí había 986 personas no identificadas, de las cuales 823 están en “ubicaciones recuperables”; es decir, por las condiciones del terreno o por falta de información, otros 163 cuerpos estarían en ubicaciones difíciles de establecer.

El mismo informe indica que allí habría 203 personas identificadas no reclamadas, 194 en ubicaciones recuperables y 9 en ubicaciones no recuperables, por lo cual, si alguna de las familias de esas personas fuera a reclamar su cuerpo en este momento, difícilmente se lo entregarían.

El Ministerio del Interior también concluyó que, durante varias administraciones de Medellín, “debido a la alta demanda de espacios para inhumar, se han exhumado personas no identificadas y personas identificadas no recuperadas de las cuales, en su mayoría, no se conoce su ubicación, excepto 86 personas que se ubican en una fosa común”.

En sus decisiones, la JEP también ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) hacer una inspección del cementerio Universal, especialmente de las zonas donde se presume que podría haber víctimas de desaparición forzada o cuerpos humanos no identificados.

También ordenó a la UIA levantar registros sobre el “polígono 3” de La Escombrera, una zona que hasta ahora no ha sido removida y donde, según las víctimas de la Comuna 13, podrían estar los restos de muchos de sus familiares desaparecidos.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com