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Noticia
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Afinia pospuso los periodos de continuidad concertada, pero persiste el llamado de apagón a morosos
Ricardo José Arango Restrepo, gerente de la empresa, presenta la radiografía de las millonarias deudas de usuarios.
La prestación del servicio de energía en la región Caribe vive momentos de alta tensión. Afinia, empresa filial del Grupo EPM y responsable del suministro en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena, enfrenta una creciente crisis financiera que amenaza la continuidad y calidad del servicio para cerca de 1,8 millones de usuarios. La causa principal: una deuda acumulada del Gobierno Nacional por subsidios a usuarios de estratos 1, 2 y 3 que supera los 730.000 millones de pesos, informó la empresa.
Del total adeudado, 591.000 millones de pesos corresponden solo al 2024. Por concepto de la llamada ‘opción tarifaria’ –mecanismo para aliviar los incrementos de tarifas a usuarios vulnerables– la deuda asciende a 1,3 billones de pesos, de los cuales 970.000 millones están asociados a estratos 1, 2 y 3.
Tenemos alrededor de 36 municipios, de 134 en los cuales prestamos el servicio, que presentan unas condiciones de endeudamiento alto
Ricardo Arango Gerente de Afinia
Servicio de Afinia en la Costa Caribe Foto:Grupo EPM
Aunque el presidente Gustavo Petro prometió desde mayo del año pasado, en Barranquilla, el pago de estas obligaciones, el compromiso aún no se ha hecho efectivo. Según Afinia, entre enero y febrero de este año, el Gobierno hizo un abono cercano a los 100.000 millones de pesos. Sin embargo, este giro es apenas una gota de agua en el vasto océano de compromisos pendientes con el servicio energético de esta región.
La empresa Afinia tiene evidencias de fotos y videos sobre la reconexión ilegal a los acueductos. Foto:Afinia
Esta deuda pondría en jaque la capacidad operativa y de inversión de Afinia, cuya promesa es ofrecer un servicio eficiente y confiable en una región históricamente castigada por la deficiente infraestructura eléctrica.
A la abultada deuda del Gobierno Nacional se suma otra carga pesada: la morosidad de entidades oficiales. Actualmente, las administraciones municipales y departamentales adeudan a Afinia 341.000 millones de pesos, correspondientes al consumo eléctrico de hospitales, colegios, acueductos y oficinas públicas.
“Tenemos alrededor de 36 municipios, de 134 en los cuales prestamos servicio, que presentan unas condiciones de endeudamiento alto: el que más debe es Ariguaní, en el sur del Magdalena, que suma 118 facturas por valor de 12.000 millones de pesos”, Sostuvo Ricardo José Arango Restrepo, gerente de Afinia, en diálogo con EL TIEMPO.
Ricardo José Arango Restrepo, gerente general de Afinia. Foto:Afinia
Afinia ha identificado a 34 entidades públicas con deudas superiores a los 8.000 millones de pesos cada una, algunas con retrasos de hasta cuatro años. De estos, 24 están en proceso de terminación de contrato. La empresa ha advertido que, si no se logra un acuerdo de pago, procederá con el corte definitivo del servicio y el retiro de la infraestructura eléctrica, medida distinta a la suspensión temporal.
“La alcaldía de Montecristo (Bolívar) debe 1.400 millones de pesos, y el municipio en su totalidad fue la primera población escogida para los periodos de continuidad concertada (PCC), hoy postergados, porque tiene un recaudo del 1 por ciento. Hay 36 municipios que tienen altos niveles de endeudamiento, pero los que más bajo recaudo tienen son Pueblo Nuevo, Córdoba y Montecristo”, agrega Arango Restrepo. Los PCC son cortes del servicio concertados con las comunidades morosas.
La compañía ha extendido propuestas de pago a las entidades deudoras, pero muchas administraciones locales no han respondido ni han presentado contraofertas.
“Hacemos un llamado a la corresponsabilidad. Estas entidades deben cumplir sus obligaciones legales. Nosotros estamos dispuestos a concertar acuerdos”, señaló el gerente general de Afinia. El funcionario aseguró que los PCC fueron suspendidos temporalmente, ante el rechazo de algunos mandatarios locales, como es el caso del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, que señaló la medida como “absurda” en pleno siglo XXI.
Servicio de Afinia en la Costa Caribe Foto:Grupo EPM
“Decidimos suspender en este momento la ejecución de la medida hasta revisar paso a paso el protocolo, y así estar absolutamente seguros de que estamos socializando con toda la comunidad de manera amplia la medida, de manera que sea efectivamente como lo dice el término: concertada”, agrega el directivo.
La situación es aún más compleja en zonas subnormales y sectores de difícil gestión, donde el recaudo es mínimo. En el estrato 1, el índice de recaudo es apenas del 54,31 por ciento; y en áreas con asentamientos irregulares abundan las redes eléctricas improvisadas. Arango Restrepo recuerda que la estrategia de los PCC es regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). “Esta medida, prevista en normas como la Resolución 120 de 2001 y los decretos 0111 de 2008 y 1144 de 2013, permite suministrar energía en horarios preestablecidos en lugar de forma continua, con el objetivo de incentivar el pago, reducir riesgos eléctricos y promover el uso eficiente del servicio”, sostiene el directivo.
Impacto social y reacciones locales
En algunos municipios, como Puerto Escondido, Córdoba, la implementación de los PCC ha generado polémica. La alcaldesa de este municipio, sin embargo, firmó un acuerdo con Afinia y ha participado en socializaciones masivas con la comunidad. Aunque hay voces que alertan sobre un posible impacto negativo en el turismo, la compañía insiste en que estas medidas son necesarias para garantizar la sostenibilidad del servicio.
"Entendemos la sensibilidad de estas decisiones, pero también debemos ser claros: sin pago no hay servicio. Lo que buscamos es recuperar el equilibrio financiero y seguir invirtiendo en una red eléctrica más robusta, segura y confiable", afirmó el gerente comercial de Afinia.
La situación que enfrenta Afinia no es exclusiva de esta empresa, sino parte de un problema estructural del sistema eléctrico del Caribe colombiano.
Tras décadas de abandono e improvisación, las compañías que asumieron el reto de mejorar el servicio tras la liquidación de Electricaribe, Afinia y Air-e, necesitan respaldo decidido del Estado y una ciudadanía corresponsable.
Mientras no se salden las deudas del Gobierno Nacional, se normalicen los pagos de las entidades públicas y se mejore la cultura de pago en sectores vulnerables, la amenaza de apagones y recortes definitivos seguirá latente.
Por ahora, Afinia continúa operando, esperando que las promesas del Gobierno se conviertan en acciones y que la región Caribe pueda, finalmente, encender su futuro con luz estable y esperanza.
Además, te invitamos a ver nuestro documental 'Explotación sexual en Cartagena: Voces Silenciadas'