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Centenares de menores son utilizados para mendicidad en Santa Marta

La sede del ICBF en Santa Marta es cuestionada por la falta de aplicación de programas.

La sede del ICBF en Santa Marta es cuestionada por la falta de aplicación de programas.

Foto:Prensa ICBF

Los sitios turísticos y semáforos permanecen repletos de familias enteras pidiendo limosna.

roger urieles
Generar lástima en peatones, conductores y ciudadanía en general llevando niños es una práctica ilegal que se ha popularizado por parte de adultos en diferentes puntos de Santa Marta.
Esquinas estratégicas, semáforos, salidas de centros comerciales, además de sectores con alto tráfico vehicular y peatonal, son los escenarios elegidos por ciudadanos para ejercer la mendicidad infantil.
Durante la pandemia del covid-19, este flagelo que atenta contra la integridad física y psicológica de los menores de edad se ha desbordado.
El secretario de Promoción Social del Distrito, Andrés Correa, detalló que en la capital del Magdalena existen más de 300 niños en condición de calle que son utilizados para pedir limosna.
Esta población en el último año fue censada y se encuentra caracterizada, según el funcionario.
Correa explica que a pesar de las jornadas de intervención de la Alcaldía en las calles, no se ha frenado esta actividad. Incluso hay adultos que alquilan niños para llamar la atención de la gente y lograr dinero, ropa y comida.

En los sitios turísticos

lo que solicitamos nosotros al Gobierno Nacional son ayudas para atender a estos menores y sus familias, así evitamos la explotación infantil y demás delitos

Los sectores turísticos permanecen actualmente atiborrados de mendigos con niños en brazos. Los usuarios de restaurantes, cafés y bares, se quejan porque en cuestión de minutos son abordados por hombres y mujeres acompañados de menores para quienes piden una ayuda de cualquier tipo.
En ocasiones cuando no reciben lo que solicitan, se tornan violentos.
El problema creció en la ciudad con la llegada masiva de venezolanos, que al no tener acceso a un empleo, optan por pedir limosna con sus hijos.
“Hemos identificado que el 90 por ciento de los niños son venezolanos, el otro 10 por ciento corresponde a nacionalidades colombianas, entre otras. Igualmente se ha identificado que esta población cambia periódicamente de lugar los cuales hace difícil su identificación”, dijo el secretario Correa.
El funcionario sostiene que la explotación de niños es tan grande que supera la capacidad de atención y respuesta de la administración local.
Por esa razón, considera que es necesario el apoyo del Gobierno Nacional para atender el problema.
“Los entes territoriales nos sentimos preocupados, ya que al momento de abrir las fronteras esta población crece y lo que solicitamos nosotros al Gobierno Nacional son ayudas para atender a estos menores y sus familias, así evitamos la explotación infantil y demás delitos vinculados con esta prácticas”, sostuvo.
Los operativos de ICBF recorren varias zonas de la ciudad.

Los operativos de ICBF recorren varias zonas de la ciudad.

Foto:Prensa ICBF

Debate en el Concejo

El tema fue abordado esta semana por los concejales en un debate, en el que exigieron a la Alcaldía, Policía y entidades como el ICBF mayores controles.
Los coadministradores lamentaron que a la reunión no asistiera el director del ICBF Seccional Magdalena, Joaquín González Iturriago, hacia quien dirigieron las principales críticas.
Para los cabildantes resulta ilógico que en el semáforo ubicado a pocos metros de la sede local del Instituto se practique de día y noche la mendicidad.
La concejal Marta García, quien fue la encargada de convocar el debate, cuestionó que los casi 1.500 millones de pesos que tiene disponible el Distrito para atender a la población vulnerable no están siendo invertidos adecuadamente.
“¿Por qué no hay acciones contundentes? ¿Por qué no hay un hogar de paso? ¿Cómo hacen una caravana un día en el que hay toque de queda? Hacen falta verdaderas estrategias de las instituciones encargadas”, dijo García.
Lo que más le preocupó a los concejales es que del debate no quedara claridad sobre el plan de trabajo que se pondrá en marcha en Santa Marta para apartar a los menores de edad de este problema.
ROGER URIELES
Especial para EL TIEMPO
SANTA MARTA

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